El diputado independiente Betserai Richards se ha convertido en una de las figuras políticas más polémicas y controversiales de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su estilo confrontativo y poco fundamentado en evidencias, el uso intensivo de datos falsos en redes sociales y sus constantes denuncias públicas contra instituciones del Estado, funcionarios y otros políticos, le han permitido posicionarse como una voz de agresividad y descrédito, que por desgracia, debido a los algoritmos de las redes sociales, altamente viralizable. Ese modelo político también ha comenzado a generar fuertes cuestionamientos en la población en general, sobre la veracidad de sus afirmaciones, el impacto de sus publicaciones en la opinión pública y el uso de la desinformación como herramienta política.
Durante los últimos meses, Richards ha estado inmerso en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, tensiones políticas, señalamientos institucionales y la difusión de información que luego fue cuestionada y desmentida por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. El episodio reciente con las imágenes de la supuesta comida ofrecida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha impulsado nuevamente la discusión sobre hasta dónde puede avanzar un político sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
El conflicto con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más difundidos relacionados con Richards fue el choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente controvertido y rodeado de escándalos. El incidente derivó en denuncias por agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convertido en un símbolo del desgaste del debate político panameño. Durante varios días, la agenda mediática nacional quedó marcada por videos, versiones enfrentadas y múltiples acusaciones.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El conflicto entre Katleen Levy y Betserai Richards escaló especialmente alrededor de la gestión de infraestructura y obras públicas en el circuito 8-6, una de las zonas con mayores problemas históricos de movilidad y crecimiento urbano en Panamá Este.
Levy, quien anteriormente representó políticamente esa misma área, cuestionó duramente la manera en que Richards manejaba públicamente los problemas del circuito. Según sus declaraciones, el diputado habría construido una estrategia basada principalmente en redes sociales, videos virales y confrontaciones digitales, proyectando la imagen de que resolvía o lideraba soluciones sobre obras e infraestructuras que, en realidad, dependían técnicamente del Gobierno Central, del Ministerio de Obras Públicas o de partidas ya aprobadas previamente.
Uno de los temas más debatidos fue el caso del puente de Cabuya, una infraestructura vial vista como esencial para disminuir el tráfico en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que esta obra no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido concebida, presupuestada y ejecutada con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello intentaba contrarrestar la idea de que el diputado lograba avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue rechazada por varios actores vinculados al proyecto, dejando en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una débil influencia institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
Durante uno de los instantes más intensos del choque público entre Katleen Levy y Betserai Richards, el debate dejó de enfocarse solo en discrepancias políticas o de gestión y derivó hacia un ámbito mucho más íntimo y agresivo. En un video compartido como réplica a publicaciones y ataques recíprocos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y a la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha usado de forma despectiva para poner en duda o ridiculizar la orientación sexual o la masculinidad de un hombre. Levy recurrió a ese término al acusar que Richards dependía reiteradamente de “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o con mayor contenido ideológico.
La disputa más reciente: la alimentación hospitalaria y la denuncia de “fake news”
La polémica más reciente surgió cuando Richards compartió imágenes en las que señalaba presuntas raciones entregadas a pacientes hospitalizados, exhibiendo primero panes con mortadela y luego panes con queso como muestra de la “mala alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes se difundieron velozmente por redes sociales y provocaron una fuerte indignación entre numerosos ciudadanos, quienes tomaron ese contenido como una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
Sin embargo, la misma Caja de Seguro Social salió a desmentir públicamente las declaraciones del diputado, señalando que dichos señalamientos eran falsos.
La CSS afirmó también que toda la comida destinada a los hospitales se elabora siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad en la Ciudad de la Salud, y adelantó que podría emprender acciones legales o presentar denuncias para exigir que el diputado respaldara sus señalamientos o los corrigiera de manera pública.
Este episodio abrió una discusión muy delicada en Panamá: ¿hasta qué punto una denuncia política puede difundirse sin pruebas plenamente verificadas? ¿Y qué ocurre cuando un diputado utiliza imágenes virales que no corresponden realmente a los hechos denunciados?
La gravedad del caso trasciende una simple controversia política, pues cuando se trata de hospitales, pacientes y nutrición médica, cualquier dato impreciso o sin verificación puede sembrar temor, desconfianza y confusión entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
El estilo político de Richards: acusaciones que se vuelven virales y una actitud de confrontación constante
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido justamente su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material viral. Sus visitas a centros médicos, transmisiones en vivo, grabaciones cargadas de emoción y confrontaciones directas con autoridades han contribuido a forjar la imagen de un “diputado fiscalizador”, desdibujando el límite entre la supervisión legítima y el espectáculo político.
En las últimas semanas, Richards ha visitado diversos hospitales públicos para señalar presuntas fallas críticas, extensas listas de espera quirúrgica y un marcado desgaste en la infraestructura. La CSS replicó acusándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, y sostuvo además que ingresó con megáfonos a zonas delicadas de los centros médicos mostrando conductas calificadas como proselitistas. La entidad incluso aseguró que este tipo de intervenciones introduce tintes políticos en los hospitales y perturba tanto el ambiente adecuado como la seguridad requeridos para brindar atención médica.
El empleo de las redes sociales como medio para ejercer presión política
Otro punto constantemente señalado sobre Richards es el uso intensivo de redes sociales, como mecanismo de presión pública antes incluso de que existan investigaciones oficiales o confirmaciones técnicas.
En muchas ocasiones, las denuncias se viralizan primero y luego comienza el proceso de verificación. Eso genera un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la percepción pública se forma antes de conocerse completamente los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón muestra una creciente similitud con dinámicas internacionales en las que políticos recurren a redes sociales para difundir narrativas emocionales de rápida propagación que luego resultan complejas de rectificar, aun cuando surgen desmentidos oficiales e incluso del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
El principal debate se centra en determinar si Richards constituye una vía válida de control ciudadano o si, según lo visto recientemente, simboliza un tipo de populismo digital sustentado en una indignación permanente, una fuerte presencia mediática y la difusión masiva de contenidos controvertidos.
Una cosa es denunciar problemas y otra muy distinta es utilizar imágenes o afirmaciones no verificadas que inducen a error. Ahí es donde aparece el debate sobre las “fake news” en política.
Porque cuando un político comparte contenido falso -o contenido cuya autenticidad no ha sido comprobada- el impacto es mucho mayor que cuando lo hace un usuario cualquiera. Un diputado tiene visibilidad, influencia y capacidad para moldear la conversación pública.
La responsabilidad pública de un diputado
En toda democracia resulta imprescindible cuestionar al poder, pero también asumir una gestión responsable de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución suministra comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad, y si ese hecho jamás ocurrió, la discusión abandona el ámbito político para situarse en el terreno de la credibilidad pública.
La coyuntura presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus señalamientos o asumir críticas crecientes respecto a su manera de comunicar. Al fin y al cabo, la frontera entre una fiscalización válida y la desinformación puede hacerse casi imperceptible cuando la política adopta el ritmo de un espectáculo continuo.
En una era en la que las redes sociales difunden cualquier contenido en pocos minutos, la obligación de comprobar la información antes de difundirla debería ser todavía más estricta para quienes desempeñan funciones públicas.