El diputado Samuel Pérez Álvarez, integrante del movimiento político que nació de la mano del presidente Bernardo Arévalo, se encuentra ahora inmerso en una marcada polémica tras un episodio ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó hace poco ante los tribunales una petición para que se le retire la inmunidad parlamentaria, al estimar que su conducta podría configurar serias infracciones administrativas y penales.
Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves
El caso tomó relevancia cuando el legislador interceptó y rompió una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno, y este acto de destrucción ha sido considerado por la Fiscalía de Derechos Humanos como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían justificar que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez replicó con tono irónico frente a la acusación, describiendo la denuncia como un presunto “hojicidio” y afirmando que jamás tuvo la intención de ofender, sino que todo obedeció a un mero enfrentamiento político. Asimismo, restó credibilidad al denunciante al señalarlo como corrupto.
¿Qué importancia tiene suprimir la inmunidad?
En Guatemala, los diputados disponen de inmunidad para salvaguardar su autonomía política, pero esta protección deja de ser absoluta cuando se presentan indicios de abuso de autoridad o episodios de discriminación.
Si el Congreso accede al pedido del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio, Pérez podría enfrentar un proceso penal abierto que lo exponga a sanciones legales, que incluyen desde multas administrativas hasta procesos ante tribunales ordinarios con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos imputados.
En medio de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, la situación se desarrolla mientras avanzan varias solicitudes de retiro de inmunidad vinculadas a distintos casos, lo que ha alimentado un debate público sobre la legitimidad de estos procesos y sobre un posible sesgo político en las acciones judiciales que involucran a personas cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de ser un hecho aislado de conducta inapropiada dentro del hemiciclo parlamentario y ha derivado en un escenario jurídico que podría influir en su continuidad e incidencia política en el país, y, de confirmarse el levantamiento de su inmunidad, el diputado tendría que someterse a un proceso ante la justicia ordinaria cuyas repercusiones aún no se han determinado.