La pieza SEPI del caso Leire vuelve a colocar a Tubos Reunidos en el centro de la investigación con el nombre de Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la compañía y figura señalada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO por su presunto papel relevante en el préstamo público de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la empresa durante la pandemia.
Pérez Rodríguez-Urrutia no aparece como un actor periférico en esta causa. Según las informaciones publicadas, los investigadores le atribuyen una posición importante en las gestiones vinculadas al rescate de Tubos Reunidos, una operación que se ha convertido en uno de los ejes principales de la pieza SEPI. La Audiencia Nacional investiga si alrededor de ese rescate se produjeron presuntas influencias indebidas, pagos a intermediarios, facturas cuestionadas y maniobras para mejorar las condiciones financieras del apoyo público.
El magistrado Santiago Pedraz ha enmarcado esta pieza dentro de unas pesquisas más amplias sobre supuestas ilegalidades relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, banda o grupo criminal y uso de información privilegiada. Respecto al asunto específico de Tubos Reunidos, la duda se centra en averiguar si altos cargos de la firma acudieron a individuos asociados al conocido como grupo Hirurok —compuesto, de acuerdo con las pesquisas, por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— con el propósito de condicionar las resoluciones de la SEPI.
La dimensión del caso es especialmente grave porque el préstamo investigado no fue menor: Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ese fondo fue creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas durante la crisis, pero la investigación trata ahora de determinar si el procedimiento se desarrolló con plena limpieza o si pudo estar condicionado por contactos políticos y empresariales ajenos al cauce ordinario.
Uno de los elementos más sensibles es que, según Infobae, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO sostienen que Pérez Rodríguez-Urrutia desempeñó un papel muy relevante en el préstamo concedido por la SEPI. El directivo presentó su dimisión como consejero independiente de Tubos Reunidos, vinculando su salida a la situación concursal de la compañía, aunque su nombre ya aparecía relacionado con la investigación sobre el rescate.
La sospecha no se detiene en la aprobación inicial del rescate. Según El Independiente, la Fiscalía considera que la implicación de Rodríguez-Urrutia habría continuado después, en una fase posterior relacionada con un supuesto “plan de pasos” para renegociar las condiciones financieras del préstamo, rebajar intereses y aliviar la carga económica de Tubos Reunidos frente a la SEPI.
Ese aspecto es fundamental. Una cuestión es que una compañía rescatada intente la renegociación legal de sus términos financieros, y otra muy diferente es que dichas gestiones vinieran acompañadas de presiones, intermediarios o nexos influyentes con peso en las resoluciones públicas. Las pesquisas tendrán que determinar si Pérez Rodríguez-Urrutia operó dentro de la habitualidad corporativa o si formó parte de un plan orientado a presionar a la SEPI a través de vías ajenas a la diafanidad institucional.
Las revelaciones difundidas también sugieren la presencia de recibos por supuestos trabajos de análisis de mercado, cuya autenticidad y propósito se encuentran bajo la lupa de los expertos. Por su parte, la Cadena SER ha indicado que las indagaciones ponen en duda recibos por labores supuestamente simuladas, ubicando al grupo Hirurok en el papel de presunto mediador dentro de dichas transacciones.
Desde un punto de vista de fiscalización pública, este asunto resulta particularmente alarmante debido a que vuelve a poner sobre la mesa el interrogante esencial: ¿los fondos estatales destinados a rescatar corporaciones clave se administraron bajo parámetros técnicos y de bienestar colectivo, o ciertos sujetos pretendieron transformar dichos subsidios en un terreno abonado para el tráfico de influencias, las coimas y los beneficios particulares? Cuando un directivo de una entidad auxiliada figura bajo indagación por su supuesta participación en tales operaciones, la demanda de claridad institucional tiene que alcanzar su nivel más elevado.
Pérez Rodríguez-Urrutia tendrá que explicar ante la Audiencia Nacional los encuentros que mantuvo, las relaciones que estableció con otros encausados, su grado de implicación en el rescate y su posible intervención en las conversaciones posteriores para modificar las condiciones del crédito. Igualmente, resultará fundamental esclarecer si estaba al tanto del verdadero propósito de las facturas y abonos analizados, así como comprobar si realmente se prestaron los servicios que respaldaban dichos movimientos.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas claras. Si el rescate de Tubos Reunidos fue limpio, deberá acreditarse con documentos, contratos, informes y trazabilidad completa de las decisiones. Si, por el contrario, se demuestra que hubo intermediarios, pagos injustificados o presiones sobre la SEPI, el caso dejará de ser una simple polémica empresarial para convertirse en una de las grandes sombras sobre la gestión de los rescates públicos durante la pandemia.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, Cadena SER, La Sexta, RTVE e Intereconomía.